La facultad de estos países para suspender temporalmente la libre circulación se basa en una cláusula del acuerdo diseñada para ser aplicada en circunstancias excepcionales. Sin embargo, la excepción se ha convertido en la norma para estos estados, que solicitan prorrogaciones de las restricciones mes a mes, año tras año. Este patrón ha resultado en una vigilancia casi permanente de sus fronteras, sumado a intervenciones puntuales de otros países por razones específicas, como las recientes acciones de España debido a cumbres políticas en Granada y Madrid.
Aunque el espíritu de la normativa buscaba permitir la suspensión de Schengen solo en situaciones extremas, la práctica ha derivado en un panorama donde apenas 11 Estados miembros no han impuesto controles fronterizos en el último año. Las justificaciones para estas medidas varían, desde conflictos internacionales hasta presiones migratorias, a pesar de las restricciones legales de la Unión Europea que limitan estas acciones a un máximo de dos años.
La importancia de la libre circulación para los ciudadanos europeos no puede subestimarse, con 3,5 millones de personas cruzando fronteras diariamente y dos millones viviendo en un país miembro mientras trabajan en otro. La eslovena Tanja Fajon resumió la situación con gravedad: «Perder el Tratado de Schengen significaría decir adiós al proyecto europeo en su conjunto».