Por: Jezabel García
El presidente ha emitido el Decreto 517-25, que declara en emergencia el sector eléctrico. A primera vista, podría parecer una medida más dentro de la maquinaria administrativa del Estado, pero en realidad se trata de una disposición con un alcance profundo para el futuro energético del país.
Este decreto permitirá acelerar las compras y contrataciones de equipos, repuestos y hasta nuevas plantas de generación rápida, proyectos de almacenamiento y modernización de redes de distribución. Para los ciudadanos, esto se traduce en una promesa concreta: menos apagones, mayor estabilidad en el servicio y una electricidad más confiable para hogares, comercios e industrias. Una base indispensable en un momento donde la demanda crece al ritmo de la economía.
El plan también busca atacar una de las dolencias históricas del sistema: las pérdidas eléctricas. Con medidores inteligentes, rehabilitación de redes y esquemas de cobro más eficientes, se pretende reducir tanto el fraude como las fugas técnicas que impactan directamente en las finanzas del sector y, en última instancia, en el bolsillo de los contribuyentes.
Sin embargo, al mismo tiempo que celebramos los beneficios potenciales, hay que mirar con objetividad los riesgos. Una declaratoria de emergencia no puede convertirse en sinónimo de improvisación ni de relajación de controles. La experiencia enseña que los procesos acelerados, si carecen de supervisión, pueden abrir espacio a contrataciones opacas y sobrecostos que terminan siendo pagados por toda la sociedad.
Por ello, el decreto debe estar acompañado de tres acciones fundamentales:
Transparencia verificable. No basta con publicar contratos en un portal digital; hacen falta auditorías independientes, informes periódicos y acceso ciudadano a toda la información de cada proyecto. La gente debe sentirse parte del proceso, mediante una comunicación abierta y constante.
Planificación a largo plazo. La emergencia atiende lo inmediato, pero el país no puede vivir bajo decretos de urgencia eternos. Se requiere un plan energético sostenible que integre generación térmica, renovables y sistemas modernos de almacenamiento.
Participación ciudadana. La eficiencia energética no se logra solo desde las instituciones. Es necesario fomentar educación, corresponsabilidad y un cambio cultural en el consumo de electricidad.
En conclusión, el Decreto 517-25 es una oportunidad para dar el salto hacia un sistema eléctrico moderno y estable. Pero su éxito dependerá de la transparencia, la visión de futuro y la participación social. Si esas piezas se colocan correctamente, la República Dominicana podría dejar atrás décadas de apagones y pérdidas para entrar en una nueva etapa: la de un servicio eléctrico más justo, eficiente y confiable para todos.
